Eduardo Madroñal Pedraza
En marzo de 2025, la Unión Europea (UE) revisará la reforma de las pensiones y ya ha avisado que pretenden exigirnos nuevos recortes. En los próximos cinco meses nos jugamos mucho para proteger nuestras pensiones públicas. La última reforma incluye una condición, que la UE supervisará la evolución del Sistema Público de Pensiones cada tres años. Desde mediados de este año, Bruselas viene advirtiendo de la posibilidad de que se tenga que producir una corrección del gasto, o lo que es lo mismo, recortes.
Degradar las pensiones públicas para imponer las pensiones privadas
Las pensiones siempre son el codiciado botín de los poderes financieros, nacionales y extranjeros. Ansían desmantelar un sistema público de pensiones del que se benefician 9 millones de jubilados, y que mueve unos 120.000 millones de euros cada año, una cantidad de millones que actualmente no se han convertido en pensiones privadas, cuyos deseados beneficios no llegan en España precisamente por la existencia de un sistema público. Según datos del INE, sólo un 8,4% de los nuevos jubilados cuentan con algún tipo de renta de un plan privado de ahorro además de la prestación del Estado.
Los grandes gestores de la banca, las aseguradoras y los fondos de inversión financieros en España necesitan degradar, empobrecer y desmantelar progresivamente el sistema público de pensiones, para que las pensiones públicas vayan mermando, convirtiéndose así en pensiones asistenciales, para que el inmenso negocio lucrativo de los fondos privados de pensiones pueda al fin despegar en nuestro país. Y así sustituir el actual sistema de reparto, universal, solidario, intergeneracional e interterritorial, donde los trabajadores del presente sostienen con sus cotizaciones a los pensionistas del presente.
Mienten. Son sostenibles
Porque es mentira que el actual sistema público de pensiones sea insostenible. Incluso con tasas de paro -superiores al 10%- que harían temblar a cualquier país de la Unión Europea, la “hucha de las pensiones” española llegó a acumular 66.815 millones de euros. Una hucha, una caja de resistencia, diseñada para resistir momentos adversos porque siempre tuvo más ingresos que gastos. Hasta que el gobierno del PP de Mariano Rajoy la esquilmó en 2011, vaciándola para destinarla a partidas que nada tenían que ver con las pensiones.
No, las pensiones públicas no son “insostenibles”. Los que quieren privatizarlas buscan premeditadamente su quiebra y vaciado, y para eso las “insostenibilizan” a conciencia, sembrando tan interesado clima de opinión.
Que no nos dividan
Mientras tanto, asistimos a continuos ataques bajo distintas formas. Estudios que por enésima vez tratan de justificar que las pensiones públicas son insostenibles, campañas en las redes para desprestigiar al colectivo de pensionistas, e incentivos para que cada vez se retrase más la edad de jubilación.
No es la primera vez que asistimos a la sucesión de informes y campañas que cuestionan las pensiones públicas y preparan el terreno para nuevos recortes. Pero ahora, además, se dirigen a enfrentar a los pensionistas entre sí y con el resto de la sociedad. Enfrentar a quienes cobran la máxima con quien cobra la mínima, a la juventud con las personas jubiladas, y a la población trabajadora con los pensionistas.
Somos 48 millones de pensionistas
Somos 48 millones de pensionistas porque lo somos en el presente y lo seremos en el futuro, y porque solo con una amplia unidad podremos blindar las pensiones en la Constitución.
Necesitamos una reforma social de la Constitución para prohibir la privatización y la pérdida de poder adquisitivo, y que las pensiones reciban un grado de protección que no tienen actualmente. Este es el objetivo en el que debemos unirnos sin importar ideologías, credos ni siglas; ni edad, género, orientación sexual, ni estatus social.
Blindar las pensiones en la Constitución
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) está integrada ya por 519 organizaciones políticas, sindicales y sociales, de variadísimo signo ideológico y orientación política unidas por un solo y mismo objetivo. Ha recogido ya más de 3 millones de firmas en 10 años de trabajo constante, para abrir paso a un consenso cada vez más potente: blindar las pensiones es prohibir su privatización.
