Este miércoles tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria el procedimiento de apelación de sentencia en el que se verán los recursos presentados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Santander que en noviembre de 2021 condenó por un delito de prevaricación administrativa a penas de inhabilitación a la entonces alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, y a ocho miembros de la junta de gobierno local entre los años 2003 y 2009.
En sus recursos, las defensas solicitaron la práctica de prueba, parte de la cual fue estimada por la Audiencia Provincial en esta segunda instancia y que es la que se va a practicar en la vista señalada.
En concreto, el tribunal de apelación admitió una prueba documental y la testifical del que fuera alcalde de Santoña y concejal a la fecha de parte de los hechos.
Esta prueba ha sido propuesta por una de las defensas con el fin de “acreditar el esfuerzo realizado por mis representados en la regularización de todos los contratos objeto de imputación, muchos de los cuales venían siendo realizados por los mismos contratistas desde tiempo casi inmemorial, mucho antes del acceso a los cargos municipales de los imputados”.