La sociedad pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria (GESVICAN) ha sacado a licitación el contrato patrimonial por procedimiento abierto para la promoción, construcción y gestión de 212 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible o social.
Mediante este procedimiento público-privado, que será cofinanciado con fondos europeos, la empresa que resulte adjudicataria será la encargada de redactar los proyectos, pagar licencias y construir las viviendas. Durante un periodo mínimo de 50 años la adjudicataria dispondrá del derecho de superficie y tendrá la obligación de mantener los inmuebles en estado óptimo y devolverlos al Gobierno al cumplirse este plazo.
Estas viviendas, que forman parte del primer Plan anunciado por la presidenta Buruaga para la construcción de 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, se ejecutarán en seis municipios: 42 en Torrelavega en la zona del Valle, en Sierrapando; 39 en Reinosa, en el solar de la Antigua Clínica en la Avenida Castilla; 37 en Laredo, en el sector IV del PGOU; 36 en Santa Cruz de Bezana, en la Avenida de la Libertad en Mompía; 30 en Polanco, en el Barrio Mijares de Rumoroso; y 28 en Santoña, en la calle Celestino del Piélago.
Tras la publicación del anuncio de licitación, hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14:00 horas del próximo 3 de marzo.
El Gobierno continuará controlando su precio y acceso
Tal y como adelantó hace unas semanas durante la presentación del proyecto el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, con esta fórmula el Gobierno de Cantabria continuará controlando el precio del alquiler y el acceso de los inquilinos a estas viviendas, que se llevará a cabo en las mismas condiciones que en el resto de promociones públicas.
La inversión total para la construcción de estas 212 viviendas protegidas asciende a 33.613.038 euros. De este montante, casi un 30%, 9.850.313 euros, será financiado a través de fondos europeos, con cargo al programa de ayuda del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por su parte, el adjudicatario final de este concurso aportará el 47,75% de la inversión total.
Además, con esta colaboración público-privada, el Gobierno de Cantabria pasará de financiar el 72% de la actuación a financiar un 22,94%. En concreto, el Ejecutivo autonómico destinará un total de 7.711.480 euros, lo que supondrá un ahorro de más de 16 millones de euros “que se destinarán a seguir aumentando el parque público de vivienda en alquiler asequible”.
Además, la aportación del Gobierno de Cantabria se llevará a cabo durante los siguientes 10 años desde un año después de la fecha en la que se finalicen los edificios, aportando anualmente 771.148 euros, “una cantidad asequible” según Media, que se incluirá cada ejercicio en los presupuestos.
Entre los beneficios de esta colaboración público-privada, el consejero ha desatacado que permitirá aumentar el actual parque público de vivienda en la región un 53%, así como no destinar “de golpe” todos los recursos públicos para seguir invirtiendo en políticas de vivienda pública.
