La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en materia de política social, Rosa Díaz, ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Cantabria a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Función Pública para las personas con dislexia u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), mediante la aplicación de medidas de adaptación específicas en los procesos selectivos.
Díaz ha planteado esta adaptación al constatar que, a pesar de los avances en el ámbito educativo, la Administración autonómica no contempla de forma unificada ni regulada las adaptaciones necesarias para asegurar una evaluación equitativa de los aspirantes con dislexia. Esta situación “vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
“La dislexia no supone una menor capacidad intelectual, sino una condición neurobiológica que afecta a la lectura y la escritura. Las adaptaciones no otorgan ventajas, sino que eliminan barreras que impiden competir en igualdad de condiciones”, ha explicado la parlamentaria.
En este sentido, ha recordado que la dislexia afecta a aproximadamente el 10% de la población y se manifiesta con dificultades persistentes en la precisión lectora, la fluidez y el deletreo. Aunque dichas dificultades están reconocidas en el sistema educativo, que cuenta con medidas específicas de apoyo, en los procesos de oposición siguen sin estar contempladas con garantías jurídicas suficientes.
Por ello, la iniciativa regionalista reclama una regulación consensuada, clara y homogénea que permita aplicar adaptaciones como tiempo adicional, presentación alternativa de las pruebas o formatos adaptados, “siempre con respaldo profesional y sin rebajar el nivel de exigencia”.
“La igualdad ante la ley no significa tratar a todos igual, sino corregir las desigualdades estructurales para garantizar la equidad real”, ha subrayado la parlamentaria, que apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que este tipo de medidas no suponen trato de favor, sino “una condición necesaria para asegurar el principio constitucional de mérito y capacidad”.
