La consejera de Desarrollo, Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de Cantabria, ha intervenido hoy en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado donde ha pedido, junto al resto de homólogos de Galicia y Castilla y León “la exclusión del lobo del LESPRE” y la “urgente y extrema necesidad” de revisar la estrategia española de conservación de esta especie.
“Tengo el inmenso honor de hacerles llegar la voz de los ganaderos de mi tierra, de Cantabria, que lleva alzándose, de manera desesperada, desde el año 2021 y que parece, nadie quiere escuchar”, ha comenzado la consejera, quien ha personificado en Andrés, un joven ganadero de 12 años, natural de Valdáliga, que perdió en octubre 7 de sus 14 ovejas por los ataques del lobo, la situación “desesperada” que viene sufriendo el sector.
Estos hechos han sido, en su opinión, especialmente “graves” desde que el año 2021, por una decisión “puramente electoralista”, se incluyó al lobo dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) haciendo “inviable el necesario control poblacional” de una especie que se encuentra en lo más alto de la cadena trófica.
De ahí que Susinos haya remarcado que si el comité permanente encargado de supervisar la Convención de Berna, parte del Consejo de Europa, que aceptó la propuesta de la UE de rebajar el nivel de protección del lobo, el Gobierno central “tiene que rectificar su postura”. “No existen, por tanto, razones técnicas ni científicas, que justifiquen el cambio del estatus legal del lobo, tal y como acaba de ratificar el Comité Permanente del Convenio de Berna”.
“Ahora mismo nuestros ganaderos están criando a sus animales para dar de comer al lobo” – ha insistido- “y el clamor desesperado de Andrés es la indignación de todo un sector a los que el lobo mata diariamente su ganado” provocando una sensación de “total indefensión” que va más allá de las pérdidas económicas.
En este sentido, la consejera ha remarcado que los ganaderos se sienten “completamente abandonados”, viendo como cada día sus rebaños y la viabilidad económica de sus explotaciones desaparecen a un ritmo “insoportable”, más allá de que “ellos no quieren dinero por los daños, quieren su ganado y quieren convivir con la especie como se lleva haciendo toda la vida” aun siendo “conscientes de que la gestión del lobo ni es sencilla, ni está exenta de polémica”.
Con todo, en Cantabria, según ha reflejado la consejera, “venimos desarrollando un modelo de gestión basado en la justa indemnización de los daños que la especie produce, el apoyo a la adopción de medidas preventivas, el pago por los servicios ambientales generados por la ganadería extensiva, el seguimiento permanente de la especie y los controles de un número limitado de ejemplares, siempre bajo criterios técnicos y que ha demostrado ser “de éxito”, permitiendo la compatibilización de la conservación del depredador y su expansión, con la práctica de la ganadería extensiva, clave en el mantenimiento del paisaje y en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de nuestro medio rural.
Por ello, Susinos ha insistido en que en Cantabria “no queremos acabar con los lobos, no queremos acabar con la especie, queremos convivir” en base al modelo de gestión llevado a cabo que refleja que en los últimos 34 años se ha multiplicado por 8 el número de manadas, que han pasado de 3 a 23, y ha aumentado en un 92% el área de presencia de la especie que ya ocupa el 80% del territorio de Cantabria, pese a que se han eliminado algo más de 300 ejemplares en ese mismo periodo.
Rectificación en base a datos reales
Durante su intervención en el Senado, la consejera ha recordado que actualmente el lobo ocupa 4.082 kilómetros cuadrados de extensión (el 80% de la superficie de Cantabria), llegando ya a municipios costeros y también a zonas muy urbanizadas como Torrelavega o Los Corrales de Buelna, con un nivel de daños a la ganadería que en Cantabria supera los 2500 ataques anuales y las 3000 reses muertas, lo que supone pérdidas superiores a los 2.8 millones de euros anuales. “Estos números osn datos claros y reales”, ha apostillado.
Pese a todo, “hemos seguido trabajando en aquello que creemos necesario” – ha dicho- y durante los años 2023 y 2024 Cantabria, dentro del marco del censo nacional de la especie, ha realizado su censo autonómico cuyos datos reflejan “como era de esperar, un espectacular aumento de la población de lobos en nuestra región”, se ha multiplicado por dos en la última década (pasando de 12 a 23 manadas) y superando los 200 ejemplares.
De ahí que Susinos haya afeado al Gobierno de España que con el voto en contra de las cuatro Comunidades Autónomas que poseen más del 95% de la población española de lobo (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria), el Ministerio incluyera al lobo en el LESPRE, amparándose en el dictamen del Comité Científico, que además de “no ser vinculante, reconocía que no existían razones ni técnicas ni científicas para la catalogación del lobo como especie amenazada”.
Aun así, recomendaron su inclusión en el LESPRE, y “leo textualmente, por su importancia como patrimonio cultural y científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas”, una inclusión “puramente ideológica y política” pues “los intentos que hemos hecho desde Cantabria para poder llevar a cabo los controles poblacionales siempre han sido negativos”, a pesar de no estar prohibidos por dicha catalogación.
De ahí que, en base a los datos presentados del censo actual de la especie, la consejera se ha mostrado confiada a que el Ministerio emita de manera favorable los informes respecto a las extracciones de ejemplares, a la vista tanto del estado de conservación favorable de la especie, así como del” insostenible nivel de daños a la ganadería que está produciendo”.
Según ha apostillado Susinos, “el Gobierno de Pedro Sánchez debería de ser consciente del componente sociológico y económico de la gestión del lobo y de su influencia en la percepción que en las zonas rurales tienen las políticas de conservación” y resulta, a su juicio, “imperativo” revertir la situación actual y trabajar “en defensa de nuestro medio rural y de nuestra ganadería”, manteniendo las poblaciones de lobo a unos niveles tanto biológicos como socioeconómicamente sostenibles y “huyendo de ideas preconcebidas y presupuestos dogmáticos, lejos de los extremismos que tanto daño están haciendo a una gestión razonable del lobo y a nuestros ganaderos”
La consejera, que ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha intervenido en el Senado junto al resto de consejeros de las comunidades loberas que acumulan el 95 por ciento del territorio, y el apoyo de representantes de otras comunidades como La Rioja, Aragón, Extremadura, País Vasco y Madrid.
