El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha dado hoy un paso más en su denuncia contra la reforma de la Ley del Suelo introducida por el Gobierno autonómico “por la puerta de atrás y sin avisar” en el proyecto de Simplificación Administrativa y ha asegurado que su auténtico objetivo es “vender Cantabria a precio de rústico para que unos pocos se hagan ricos y poder cumplir algunas de sus promesas electorales”.
“Ésta es la política del Partido Popular y la realidad de este cambio en la Ley del Suelo: aquí no se está hablando de vivienda, sino de especulación, pelotazo urbanístico y oscurantismo”. Así lo ha manifestado el portavoz regionalista este miércoles en una rueda de prensa en la que ha reprochado al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que, “en lugar de afrontar un problema grave para Cantabria”, como lo es la dificultad que sufren los jóvenes a la hora de acceder a la vivienda, pretenda “darle suelos gratis a promotores privados para que se hagan ricos”.
Ante esa “realidad sin medias tintas del PP”, ha pedido al Ejecutivo que retire la reforma de la Ley del Suelo como primer paso para avanzar hacia la aprobación de la nueva norma de Simplificación Administrativa “eliminando todo aquello que no simplifica” y con una serie de mejoras que los regionalistas consideran necesarias, porque el proyecto de Ley presentado en el Parlamento es “manifiestamente mejorable”.
“La Ley de Simplificación que tenemos ahora mismo en el Parlamento no simplifica nada, modifica 19 leyes y 14 decretos en más de 100 artículos que sólo generan confusión y no reduce para nada la burocracia, ni elimina ninguno de los 1.273 procedimientos que existen en Cantabria”, ha precisado.
Asimismo, ha cuestionado que el proyecto legal no imponga el silencio positivo, en contra de los planteamientos de la consejera de Presidencia y máxima responsable de esta norma, Isabel Urrutia, que como diputada de la oposición planteó una reforma para cambiar 84 silencios. Además, “desvía la responsabilidad” a los particulares y a los ayuntamientos, “lo hace todo a coste 0”, pese a implicar mejoras informáticas, nuevos procedimientos de comprobación y sistemas de certificación, y “no sirve para salvar la brecha digital”, dado que obliga a las relaciones con la Administración a través de Internet, cuando muchos ciudadanos tienen problemas de acceso a los medios digitales”.
“El mayor escándalo de la legislatura”
Además de proponer estas soluciones a todas esas carencias, el portavoz del PRC ha tendido la mano para eliminar de la ley “todo lo que no es simplificar”, como los cambios en las leyes de Patrimonio, Ordenación Sanitaria, los albergues turísticos y, sobre todo, el “quid de la cuestión”: las 24 modificaciones de la Ley del Suelo reformada hace apenas un año y que el Gobierno quiere cambiar ahora “con prisas y oscurantismo”. “Esto sólo se justifica si estamos, como nos tememos, ante el mayor escándalo de esta legislatura: la posibilidad de construir vivienda libre en suelo rústico”, ha añadido.
En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo que no sólo pretenda edificar vivienda libre en los proyectos singulares de interés regional (Psires), sino que además quiera hacerlo expropiando los terrenos a precio de suelo rústico, en contra de la postura establecida por los tribunales cuando obligaron a pagar los terrenos destinados al desarrollo del PSIR de La Pasiega a precio de suelo industrial. Sin embargo, ahora “quieren quitarle al paisano su finca rústica para construir viviendas libres y que otros ganen mucho dinero”.
Hernando ha criticado que el consejero de Fomento, Roberto Media, que haya tenido “el cuajo” de acusarle de mentir en su denuncia sobre los planes urbanísticos del Gobierno para “un instante después” reconocer que se podrán construir viviendas libres en los PSIRes y “tener el valor” de justificarse porque el 30% serán viviendas protegidas, cuando ese porcentaje es una obligación legal que afecta a cualquier promoción.
También ha aludido como una “casualidad” a la reciente aprobación de un incremento de 500 euros en el precio de los módulos de vivienda protegida, que han pasado de costar 1.393 euros a finales de 2023 a 1.900 euros el 1 de enero de 2025 en las localidades de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Comillas, Suances y Laredo. Como consecuencia, ha dicho, “una casa de 80 metros cuadrados de protección oficial es hoy 40.000 euros más cara”.
“¿No tendrá esto nada que ver con ese 30% de viviendas de VPO que obliga la ley a los promotores?”, se ha preguntado. “Imagino que no, que no habrá ningún PSIR diseñado con viviendas en ninguna de estas ubicaciones”, ha apostillado.
Finalmente, el portavoz regionalista ha reafirmado el compromiso del PRC con la simplificación administrativa y ha anunciado que trabajará para que la Comunidad Autónoma cuente con una ley que la garantice “cuanto antes”, frente al “gol” que a su juicio ha metido el consejero de Fomento a la consejera de Simplificación. “Si quieren cambiar la Ley del Suelo, que la traigan y la expliquen, pero así no”, ha concluido.
