El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, un hito que, en palabras del decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, “refuerza el acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho a la información de los ciudadanos”, incluyendo la elaboración de criterios orientativos de honorarios para garantizar mayor transparencia.
Esta ley, que desarrolla el artículo 24 de la Constitución Española, establece el derecho inquebrantable de los ciudadanos a contar con un abogado en procesos judiciales y regula aspectos clave del ejercicio profesional, como la reserva de actividad, el secreto profesional, y el amparo colegial, garantizando así la independencia y respeto hacia los abogados.
El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, celebra la aprobación de esta norma como “un paso histórico para la profesión”. Además, destaca que la ley fortalece el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y amplía el derecho a la información de los ciudadanos sobre aspectos clave de los procedimientos judiciales.
“Por primera vez, se establece un marco normativo claro sobre las consecuencias de una eventual condena en costas, permitiendo que los colegios de abogados elaboren criterios orientativos para la cuantificación de los honorarios, lo que genera mayor transparencia y seguridad jurídica para los ciudadanos”, afirma.
La ley supone una mejora en la regulación de la asistencia jurídica gratuita, uno de los aspectos más demandados por la profesión, aunque el decano del Colegio de la Abogacía remarca la necesidad de una ley específica que sustituya la vigente desde 1996. “La nueva Ley Orgánica es un avance fundamental, pero aún queda pendiente la actualización de la normativa sobre la asistencia jurídica gratuita, un derecho básico que debe ser acorde con las exigencias actuales”.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la inclusión de derechos laborales específicos para los abogados, como la garantía de conciliación familiar y la protección de los permisos de maternidad y paternidad, reforzando la dignidad y las condiciones laborales de los profesionales, permitiendo una mayor armonización entre la vida personal y profesional, un aspecto fundamental para el bienestar de todos los abogados.
De Diego también destaca el fortalecimiento de la protección del secreto profesional, un derecho fundamental para la abogacía. La ley establece claramente que las comunicaciones entre abogados y clientes están protegidas por el secreto profesional, y prohíbe que estas puedan ser utilizadas como prueba en procedimientos judiciales, en caso de vulnerarse esta confidencialidad.
Además de estas medidas, la Ley Orgánica refuerza la función de los colegios de abogados, otorgándoles la facultad de amparar a los profesionales que sufran faltas de respeto o que vean vulnerada su independencia. “El amparo colegial es una herramienta esencial para garantizar la independencia de los abogados ante los tribunales y otras administraciones, y nos da un respaldo institucional fundamental frente a cualquier ataque a nuestra profesionalidad”, explica el decano.
En cuanto a los honorarios de los abogados, De Diego valora positivamente la eliminación de la prohibición que existía hasta ahora sobre la publicación de criterios orientativos de honorarios, un cambio que había generado incertidumbre sobre los costes de los procedimientos judiciales. “Ahora, los ciudadanos podrán conocer de manera más clara y transparente los costos de un proceso en caso de condena en costas, y esto permitirá que los abogados y los usuarios del sistema judicial puedan actuar con mayor certeza y confianza”, afirma.
Finalmente, el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria reconoce que “este logro es fruto de un trabajo constante y coordinado, y debemos agradecer a quienes han liderado este proceso, especialmente a la anterior presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, cuya dedicación ha sido fundamental para conseguir esta normativa tan necesaria para nuestra profesión”.
La Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2024, marca un antes y un después en la relación de los abogados con el sistema judicial, fortaleciendo no solo sus derechos y condiciones laborales, sino también el acceso de los ciudadanos a una justicia más accesible, transparente y equitativa. Desde el Colegio de la Abogacía de Cantabria, celebramos este avance como un logro para toda la profesión y, especialmente, para los ciudadanos que verán garantizados sus derechos fundamentales de defensa y acceso a la justicia.
